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La Superintendencia de Salud del país pidió trasladar a los afiliados a otras entidades por el estado financiero de esta EPS.
El análisis es elaborado con información que reportan los diferentes actores del sector y que fue certificada por sus representantes legales, contadores y revisores fiscales.
La reversa que da el Tribunal se debe a que representantes tanto de Medimás, la EPS, como de Prestnewco, los dueños de la EPS, presentaron un recurso de apelación a la primera decisión del Tribunal. Con la nueva decisión, firmada por la Magistrada Claudia Lozzi, se acepta este recurso de apelación por lo que el expediente, así como la decisión final, queda en manos del Consejo de Estado.
Son 15 entidades promotoras de salud que funcionan en distintas regiones del país.
Esta demora en los pagos afectaría especialmente a los pacientes de alto costo así como a aquellos que se encuentran en las regiones más apartadas del país.
Según un nuevo informe de la ACHC, los mayores deudores son las EPS que deben más de US$ 1.220 millones.
Los 3,9 millones de pacientes ya no serán atendidos por la misma institución, como se había ordenado en enero.
La medida tomada por la Superintendencia de salud se debe al mal servicio que la entidad ha prestado en estas zonas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les negó a los dueños de la EPS la impugnación de la medida cautelar y le ordenó a sus dueños abstenerse de vender sus acciones en la EPS
Esta decisión, consecuencia del proceso de vigilancia de la Superintendencia durante varios meses, obliga a que los afiliados de estas zonas sean trasladados a otras EPS que garanticen la atención y la calidad de los servicios.
El senador Jorge Robledo y el economista José Roberto Acosta presentaron una medida cautelar de urgencia ante el Tribunal de Cundinamarca pidiendo garantías.
La EPS informó que avanza en las conversaciones con los inversionistas extranjeros Dynamic Business y Medical Solutions.
Este dinero, que equivale a todo el presupuesto de funcionamiento de la entidad, deberá desembolsarlo a las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir. Según explicó Oswaldo Henríquez, abogado que interpuso la demanda, la Supersalud debía responsabilizarse por omisión de control de la crisis de estas entidades.
La EPS argumentó que así "garantiza la continuidad en la prestación de servicios de sus afiliados, ante los cierres de las sedes de Esimed ordenados por las Secretarias de Salud locales".
Se trata de Gustavo Morales, ex presidente de Afidro, organismo que reúne a las multinacionales farmacéuticas en el país.
Luego de que el ministerio público, en compañía de la liquidadora, anunciara la terminación del contrato de una de las EPS más grandes del país, varias preguntas quedaron en el aire.
Mientras que tanto Procuraduría como la EPS hacen un llamado a la calma y garantiza que se seguirá prestando la atención, los pacientes piden que exista garantías para los usuarios en el plan de contingencia que se vaya a tomar.
El plan propone que las empresas con bajos indicadores de calidad sean sancionadas con multas de hasta US$ 1,2 millones.