La Superintendencia Nacional de Salud fue informada, hace nueve días, del fallo emitido por el Tribunal Superior de Barranquilla, en el que ordena a la entidad pagar una multa de $ 85.000 millones (US$ 26,7 millones) a unas EPS que se encuentran liquidadas.

Este dinero, que equivale a todo el presupuesto de funcionamiento de la entidad, deberá desembolsarlo a las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir. Según explicó Oswaldo Henríquez, abogado que interpuso la demanda, la Supersalud debía responsabilizarse por omisión de control de la crisis de estas entidades. 

Sin embargo, el superintendente Fabio Aristizábal, en entrevista con Blu Radio, explicó que en 2013 la superintendencia inició unos procesos contra unas Solsalud, Humanavivir, Golden Group, Selva Salud y Salud Cóndor. Aristizábal añadió que la respuesta de estas entidades fue iniciar una demanda porque, según él, consideraron que la SuperSalud tenía la culpa de la intervención de estas entidades.

Durante esos años, Henríquez y su grupo siguieron juntando IPS que estuvieran en riesgo financiero, como lo catalogó él, para sumarlas a la demanda. Hasta el momento, ya suman 37.

A raíz de estas declaraciones, el Tribunal Superior de Barranquilla le impuso esta multa a la Supersalud, una decisión que para Aristizábal es exótica, ya que le parece raro que un juzgado los condene por tratar de enderezar y corregir el sistema. 

Además, aclaró que "hicimos todas las apelaciones. Interpusimos las demandas. Inclusive hicimos unas acciones penales que no tuvieron efecto, le pedimos intervención a la Procuraduría y a la Fiscalía. El precedente que se crea es terrible porque va a ser más peligroso actual que no actuar". 

Por su parte, el abogado expresó que le parece ridícula la posición de la Superintendencia de Salud y que esta entidad debe responsabilizarse por la vigilancia y control del sistema de salud.