A finales de diciembre del año pasado el Ministerio de Salud publicó una resolución en la que anunciaba el inicio de un proceso para estudiar si hay o no razones suficientes para que las compañías que venden fármacos contra la hepatitis C dejaran de tener el derecho exclusivo de comercializarlos. La decisión fue celebrada por varias organizaciones que desde hace un buen tiempo han insistido en la necesidad de reducir el precio de esos medicamentos. “Siguen siendo muy caros en muchos países de ingresos altos y medianos-altos”, recalcaba la Organización Mundial de la Salud en su página web. 

El anuncio, sin embargo, no cayó muy bien en la industria farmacéutica. Afidro, la entidad que representa ese gremio, le envió el 15 de enero una carta al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que dejaba claro su desacuerdo.

En el documento, firmado por Gustavo Morales Cobo, presidente de Afidro y ex Superintendente de Salud, le hace varias peticiones a Gaviria. Por un lado, le solicita archivar “la presente actuación, previo análisis motivado de los argumentos individuales expuestos”. A los ojos de la industria no hay razones suficientes para que se inicie use proceso, que busca declarar como de interés público los tratamientos contra esa enfermedad.

“En ningún caso, un juez de tutela ordenó al Ministerio iniciar el procedimiento de declaratoria de interés público, o de resolver favorablemente la petición. Solamente, se ordenó responder de fondo, que es lo que los jueces amparan bajo el derecho fundamental de petición”, se lee en la misiva. Reiteran que el proceso se abrió sin que los solicitantes indicaran cuáles son las patentes que podrían estar afectando el interés público.

Además, Afidro le pide a Gaviria apartar del proceso a Carolina Gómez, Directora de Medicamentos y Tecnologías de esa cartera. Un tweet en el que Gómez anunció el incio del proceso como “un regalo de navidad” es para el gremio farmacéutico una evidencia de que no hay parcialidad en el proceso.

Pero el disgusto de la industria no se reduce al gremio nacional. Este martes Gaviria publicó en Twitter una carta que también le envió PhRMA, una asociación que reúne productores de biotecnológicos en Estados Unidos. “Presiones”, fue la palabra que usó el ministro para resumir su contenido.

En ese documento, le solicitaban no continuar con el proceso que había abierto. Le sugerían que podría amenazar el ingreso de Colombia a la OCDE. “Este tipo de amenazas son inquietantes. ¿Debe expulsarse a Chile de la OCDE por hacer algo similar? ¿Habla PhRMA en nombre de algunos países específicos? ¿Es consciente PhRMA de que la presión indebida sobre los gobiernos por ejercer las flexibilidades va en contra de la declaración de Doha?”, le dijo Gaviria a Blu Radio.

A Gustavo Morales tampoco le cayó bien la reacción de Gaviria: “No puede considerarse ‘presión’ el que, dentro de un proceso diseñado para que las personas participen y opinen, las personas cometan el atrevimiento de participar y opinar. ¿Va a calificar de ‘presión’, cuando lleguen escritos favorables a una declaratoria de interés público?”, replicó en Twitter.

Como lo había contado El Espectador hace unas semanas, esta intención de declarar como de interés público esos medicamentos, nació hace un par de años por iniciativa de la fundación Ifarma. Pese a que el Minsalud redujo el costo de esos tratamientos en 2017, sus precios aún continúan siendo altos. El Harvoni (combinación de sofosbuvir y ledispavir), producido por la farmacéutica Gilead, bajó de $114,3 millones (US$ 40.198) a $23,5 millones (US$ 8.264). Daklinza (producidos por Bristol-Myers Squibb) y sofosbuvir, pasó de $137,2 millones (US$ 48.269) a $29 millones (US$ 10.200). “Con esta nueva medida pueden costar cerca de $1 millón (US$ 350). ¿Será que no vale la pena?”, se preguntaba entonces Francisco Rossi, director de Ifarma. En Colombia hay unos 400.000 pacientes con hepatitis C.

Esta pelea, que apenas comienza, engloba un asunto más complejo. Como se lo dijo a este diario Oscar Lizarazo, profesor de la facultad de Derecho de la U. Nacional y experto en temas de propiedad intelectual, lo resume de la siguiente, “Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el país en Suramérica que más patentes ha concedido en este tema. Ha otorgado más que Chile o Perú, que son amigables con la protección extranjera. Brasil no las ha concedido. En Argentina tampoco hay patente de sofosbuvir. Allí hay una empresa de genéricos que comercializa el tratamiento completo por US$ 1.500”.

Un dato resume su inquietud: de las 2.242 solicitudes de patente de invención que se presentaron en el país en 2015, 630 provinieron del campo farmacéutico.