Hace un par de semanas circuló en Twitter una imagen con barras rojas y amarillas que resumía la manera en que se había comportado el mercado de las medicinas en Colombia. La gráfica, creada por el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed), mostraba que algo no estaba bien: a pesar de que el número de unidades de fármacos vendidas se mantuvo más o menos igual en los últimos años, los pagos que hizo Colombia no habían parado de crecer. La muestra más clara eran las cifras de llamado No Pos: mientras que en 2017 el país había desembolsado más de $9 billones (US$ 2.835 millones) para pagar las medicinas que no forman parte del plan de beneficios, el año pasado tuvo que pagar cerca de $10 billones (US$ 3.149 millones), más del doble de lo que, tras semanas de protestas, lograron los estudiantes en diciembre para financiar la educación superior.

Los efectos de esas distorsiones son claros. “Por esos medicamentos, las EPS solicitan los famosos recobros al Adres. De modo que el aumento de sus precios no afecta directamente a las EPS, pero sí al sistema de salud”, escribió en Razón Pública, el director del Observamed, Óscar Andia.

Es difícil saber los motivos de esos incrementos. En la larga y compleja cadena del mercado de las medicinas hay muchos actores que, gracias a los medicamentos, obtienen márgenes de ganancias. Laboratorios nacionales e internacionales, EPS, clínicas y hospitales son algunos de los principales. Pero hay, además, otras empresas que desde finales de los 90 empezaron a expandirse por el país y hoy son un jugador esencial. “Operadores logísticos” o “gestores farmacéuticos”, es como suelen llamarlos en el argot médico. Audifarma, Cruz Verde, Cafam, Colsubsidio y Comfandi son los más populares.

Su gestión, concuerdan todas las personas con las que hablamos para este artículo, es esencial, pero representa una paradoja: hasta el momento nadie los regula ni los vigila. Tampoco tienen a quién rendirle cuentas ni deben cumplir requisitos específicos para entrar a esa larga cadena de compra, venta y suministro de medicinas. Se trata de un problema que un artículo (el 139) del Plan Nacional de Desarrollo quiere empezar a resolver. ¿Cómo? Incluyendo a estos “gestores” como los nuevos actores del sistema de salud.

El parágrafo que lo sustenta es breve: el Ministerio de Salud reglamentará los requisitos financieros y de operación de estos agentes y la Superintendencia de Industria y Comercio garantizará la libre competencia y prohibirá los actos de competencia desleal.

En otras palabras, dice Diana Isabel Cárdenas, viceministra de Protección Social, el propósito es mirar más de cerca el rol de estos operadores. “¿Quiénes los conforman? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo son sus relaciones comerciales con las EPS, con los hospitales? ¿Cómo se forman sus contratos?”, se pregunta.

La idea no les incomoda a esas empresas. Varios de sus líderes saben que es hora de que entren a engrosar la lista de actores de un sistema que, en ocasiones, suele culparlos de los sobrecostos de las medicinas. “Lo celebramos”, dice Clauda Claudia Sterling, gerente jurídica de Cruz Verde. “Estamos contentos, porque eso implica que vamos a ser visibles y van a reconocer nuestro valor”, replica René Abadía, director de relaciones corporativas de Audifarma.

Sin embargo, estas compañías, agremiadas en Fenalco, tienen un reclamo, al que también se han sumado otros actores: el artículo del PND es muy pobre y no define con precisión qué es un gestor farmacéutico ni cuál es su función. “No son simples operadores logísticos”, reclama Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco.

A lo que se refiere es que sus funciones son muy diversas y están lejos de parecerse a las de una droguería. Además de dispensar las medicinas que formulan las EPS (a junio de 2018 habían entregado 178 millones de medicamentos), algunos tienen funciones de farmacoepidemiología y farmacovigilancia. También deben garantizar la procedencia y calidad de los medicamentos. Unos, incluso, también son cajas de compensación familiar, tienen cadenas de droguerías y les coquetean a los constructores de hospitales. En últimas, dice Visbal, “son un tipo de negocio”. Negocio que para otros actores puede problemático pues podría revivir esa vieja práctica conocida como “integración vertical”.

¿Cómo entonces precisar sus funciones? La viceministra entiende la dificultad de ese comportamiento híbrido y por eso insiste en que lo clave en esta discusión no es la definición. A sus ojos, el primer paso es reconocerlos como actores. Eso, advierte, permitirá empezar a esclarecer las dudas: quiénes son sus dueños, cómo se comportan en el mercado, qué hace cada uno y cómo se relacionan. “Luego especificaremos los asuntos técnicos. Pero en el fondo se trata de exigir más transparencia”, explica.

En otros términos, cuenta un funcionario del Gobierno que prefiere no ser citado, “sabemos que algunos de ellos están abusando de los precios de los medicamentos y es una fuga que hay que parar. Cuando muestren sus cuentas, por ejemplo, sabremos quiénes son los responsables del excesivo aumento de esos billones que año tras año está pagando el país por las medicinas que no son parte del POS”.

Aunque a estos “gestores” les molesta que los culpen de las amplias ganancias que deja el mercado de los fármacos e insisten en que las malas prácticas obedecen a solo una de esas empresas, lo cierto es que, como lo ha mostrado este diario, varias de las facturas con las que cobran medicamentos de alto costo al Estado suelen exceder los valores promedio. Unas, 30 %; otras, 50 %. El ejemplo más claro lo mostró la Adres en septiembre de 2018 en un informe sobre la enfermedad de Gucher: uno de estos operadores generó sobrecostos por más de $1.700 millones por una medicina.