La última pelea por el precio de los anticonceptivos en Colombia

Si todo sale como está previsto, el 1º de enero los colombianos que usan anticonceptivos recibirán una buena noticia. A partir de ese día, 64 presentaciones de estos medicamentos, esenciales para la prevención del embarazo, bajarán de precio. Algunos disminuirán cerca del 50 %. Otros más del 60 %. Será la primera vez que los bolsillos de los ciudadanos sentirán, verdaderamente, las consecuencias de una regulación de fármacos. Hasta el momento todas las medidas relacionadas con esa política solo afectaban un canal institucional. La que empezará a regir en menos de 15 días les pondrá un tope a los precios en las farmacias. 

Aunque aún faltan más de dos semanas para que esa regulación entre en vigor, algunos laboratorios han optado por empezar a diminuir los precios. La farmacéutica Bayer es uno de ellos. Su popular producto YaminiQ, que hace unos meses superaba los $60.000 (US$ 18), hoy vale un poco más de $24.000 (US$ 7,5). Sucede lo mismo con otro de sus más conocidos anticonceptivos: Yasmín. En julio, cuando empezaban a darse tensas discusiones por esta medida, ese fármaco valía un poco menos de $50.000 (US$ 15,5) y ahora es posible encontrarlo en droguerías a un precio mucho menor: $24.900 (US$ 7,8). 

¿Por qué Bayer decidió adelantarse a la medida del Ministerio de Salud? Pese a que al consultarla prefirió no pronunciarse, su postura ha sido vista con buenos ojos por el sector farmacéutico. Otros productos, por el contrario, siguieron un camino diferente. Algunos de Lafrancol, que hace parte de la multinacional Abbott, junto a Synthesis, cambiaron de precio. En las últimas semanas varios de sus anticonceptivos empezaron a dispararse. 

Como lo muestra la gráfica que acompaña este artículo, ese aumento se repite en varios productos. Yaxibelle, por ejemplo, que costaba unos $31.000 (US$ 9,7) en 2014, pasó a casi $37.000 (US$ 11,6) en 2018, según el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed). Ahora es imposible encontrarlo a menos de $60.000 (US$ 18,8) en las farmacias.

Algo similar sucede con Yax. De valer $29.900 (US$ 9,4) hace cuatro años, a principios de 2018 costaba $36.900 (US$ 11,6). Hoy, su valor casi se ha duplicado. En Farmatodo vale $56.900 (US$ 17,8); en droguerías Cafam, $64.980 (US$ 20,4).

Abbott, sin embargo, asegura que “no ha incrementado el precio de ninguno de los productos que serán regulados por la circular 07 de 2019. Abbott no determina el precio final al público. Vendemos a las farmacias y después las farmacias, de manera independiente, determinan el precio final”. En otras palabras, dicen, “Abbott no controla el precio al que venden las droguerías”.

Un caso más confirma que algo extraño está sucediendo en el mercado farmacéutico. Synovular Suave Inyectable valía un poco más de $6.000 (US$ 1,8) en 2014, pero su precio este año ha sido de $17.500 (US$ 5,5). Es decir, hubo un incremento de más del 190 %. Desde hace unas semanas esa medicina es un poco más cara. Hoy vale $20.000 (US$ 6,2).

Las variaciones las notaron varias usuarias. Una de ellas, que suele usar Bellaface, ha visto cómo desde mediados de este año su precio ha subido. “Antes la compraba más o menos a $55.000 (US$ 17) y ahora cuesta unos $60.000 (US$ 18,8)”, dice. “El cambio fue abrupto”. Este anticonceptivo también es comercializado por Lafrancol. Por él logró en 2017 más de $21.535 millones (US$ 6,7 millones) en ventas. De acuerdo con la circular 07, la idea es que después del 1º de enero no cueste más de $12.260 (US$ 3,8).

Si Abbott (y Lafrancol) no están incidiendo en el aumento de precio de estos productos, ¿por qué se han disparado sus valores? El Minsalud prefiere ser prudente a la hora de responder esa preguntas. A sus ojos, explicar las razones por las que un laboratorio subió o bajó los precios de sus anticonceptivos antes de que entre en vigencia la circular 07 es moverse en el terreno de la especulación. “Cada empresa tiene independencia para tomar decisiones en un mercado de libre competencia, siempre respetando la reglamentación aplicable”, dice.

Más allá de esos interrogantes sin respuesta, lo cierto es que Abbott es una de las farmacéuticas que más afectadas resultaron por esta medida que empezó a planearse en el ministerio de Alejandro Gaviria. De acuerdo con el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica (Observamed), esta multinacional estadounidense facturó en 2017 $76.856 millones (US$ 24 millones) gracias a la venta de anticonceptivos.

De hecho, Abbott le ha comunicado sus inquietudes en varias oportunidades a esa cartera. Como lo contó El Espectador a principios de este mes, enviaron al nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, un documento reiterándole sus discrepancias técnicas y jurídicas. Entre otros asuntos, insistían en que “no se puede considerar el acceso a anticonceptivos orales como problema de salud pública” y que “los precios se autorregulan en el canal comercial en la medida que se incorporan más oferentes”.

Como lo relató este diario, por esos motivos y por un recurso que interpuso el abogado Pedro Nicolás Aguilar Herrera ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el Minsalud tuvo que ratificar la regulación de precios de los anticonceptivos.

No son los únicos documentos que recibió el ministerio. La firma de abogados Araújo Ibarra, consultores en negocios internacionales, también les envió una carta exponiendo varias de las implicaciones de la circular 07 “a la “luz de los compromisos internacionales de Colombia”. Juan Luis Pinilla, vocero de esa firma, asegura que se trató de un análisis técnico legal, producto de una consultoría hecha al Consejo de Empresas Americanas (CEA). "Pero es de carácter privado así que no puedo revelar más infromación".

No era la primera vez que es este Consejo, del que hace parte Abbott, le presentaba sus desacuerdos al Minsalud. La segunda semana de julio le había enviado una misiva al ministro recordándole que las empresas estadounidenses contribuían al 7,1% del PIB colombiano. También la había copiado al Ministerio de Comercio y a Presidencia. Tras el breve ejercicio de memoria, Ricardo Triana Soto, director del CEA, era claro en su petición: "Solicitamos la no aprobación de la circular 07 de 2018".