Por Joaquín López-Dóriga Ostolaza, Consejero de El Economista.

El fracaso de la reforma al sector salud impulsada por el presidente Trump y el Partido Republicano ha sido interpretado por los mercados como un golpe al resto de la agenda legislativa de la nueva administración.

La abolición del Obamacare era una de las promesas más visibles de campaña y una de las principales prioridades de los legisladores republicanos. No obstante, las divisiones internas entre republicanos mostraron ser mucho más profundas de lo esperado.

Por un lado, el ala más conservadora del partido, conocida como el Freedom Caucus, quería una iniciativa mucho más agresiva en cuanto a la eliminación de subsidios. Por otro lado, los legisladores más moderados dentro del partido estaban preocupados por la gran cantidad de gente que se quedaría sin acceso a un seguro médico.

Trump y Paul Ryan accedieron a hacer ciertas modificaciones para satisfacer al Freedom Caucus, sin embargo, estas concesiones no fueron suficientes.

Aunque existía la tentación de hacer concesiones adicionales para obtener el apoyo del ala conservadora, esta situación hubiera provocado defecciones por parte de los legisladores republicanos más moderados, condenando la iniciativa al fracaso.

Para muchos expertos, la reforma al sector salud era una condición necesaria para poder impulsar una reforma fiscal integral.

La reforma de salud incluía ahorros sustanciales en el gasto público que serían necesarios para financiar la reducción de impuestos y el plan de inversión en infraestructura prometido por Trump sin ampliar el déficit fiscal.

Aunque existe un gran apetito para instrumentar una reforma fiscal integral que reduzca impuestos y mejore la competitividad del código impositivo, la misma ala conservadora del Partido Republicano que se opuso a la reforma de salud podría obstaculizar un paquete de estímulos fiscales que genere un incremento en el déficit fiscal.

En este sentido, la Casa Blanca ha comenzado a mandar señales de estar más dispuesta a trabajar con el Partido Demócrata, lo cual en la opinión personal de este columnista se antoja muy complicado.

Resulta curioso que un presidente republicano podría estar empujando un paquete de estímulos fiscales con cargo al déficit público, algo a lo que el partido se opuso rotundamente durante los últimos ocho años.

A pesar de no tener en el bolsillo los ahorros potenciales de la reforma de salud, la administración de Trump tratará de vender su paquete de estímulos fiscales como neutral para el déficit, tomando en cuenta en sus cálculos la recaudación adicional generada por un mayor crecimiento económico. De lo contrario, tendrá que recurrir a medidas controversiales que generen ingresos que compensen la caída en la recaudación como consecuencia de una reducción en la tasa de Impuesto sobre la Renta.

Dentro de estas medidas, la más visible y también la más controversial es el border adjustment tax (impuesto de ajuste fronterizo). Esta propuesta contempla la imposición de un impuesto de 20% a todos los bienes importados a Estados Unidos. Adicionalmente, las empresas que importan bienes y servicios como insumos perderían la capacidad de deducir, para propósitos fiscales, los costos y gastos asociados con dichos insumos importados, mientras que las compañías exportadoras estarían exentas de este impuesto.

Aunque esta propuesta sería altamente beneficiosa para las empresas exportadoras que basan su producción y la compra de sus principales insumos de manera doméstica, las empresas que basan su modelo de negocios en la importación de bienes para su venta en Estados Unidos —como las cadenas comerciales y de autoservicio y las empresas del sector energético que importan crudo para refinarlo y vender gasolina y derivados— sufrirían un choque mayúsculo en su modelo de negocios y así se lo han hecho saber a los legisladores. A pesar de que el border adjustment tax regresará como tema de discusión, los expertos y los mercados lo ven como una medida que no prosperará.