Colombia: Las facultades de medicina no cumplen en el aborto

Hace un año emprendimos una investigación para entender qué está ocurriendo con las casi 6.000 niñas menores de 14 años que anualmente son madres en Colombia. Lo primero que encontramos es que la gran mayoría de ellas termina dando a luz, pese a que desde hace más de doce años tienen el derecho a acceder a información veraz, completa y oportuna sobre sus opciones, incluyendo la terminación voluntaria de su embarazo.

Buena parte de la responsabilidad recae en los médicos que las reciben cuando llegan a consulta. De hecho, desde hace cinco años existe un protocolo de atención a la menor de 15 años embarazada elaborado por el Ministerio de Salud que determina esta obligación. Y sin embargo, no hay ninguna entidad estatal que vele porque los médicos cumplan su deber.

Este hallazgo nos preocupó. Si los médicos colombianos tienen en sus manos la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las menores de edad, y nadie está verificando que cumplan con esto, que además es una orden de la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud, ¿cómo constatar que están al menos preparados para hacerlo?

La pista nos la dio un reconocido ginecólogo, quien por varias décadas ha sido protagonista del debate del aborto en Colombia. “Hay facultades de medicina en el país que no están enseñando métodos de anticoncepción modernos a sus estudiantes, tampoco nada sobre el aborto”, nos dijo en su consultorio.

Para este experto, la ausencia de formación de los estudiantes genera que los profesionales de la salud interpreten de forma subjetiva y prejuiciosa las leyes vigentes. Una apreciación confirmada por más de 20 fuentes que participaron de esta investigación, entre médicos generales, ginecólogos y estudiantes de medicina, quienes además dejaron en claro que este es un hecho bien conocido en el gremio de la salud.

Hace 12 años, a través de la sentencia C-355, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales (cuando hay riesgo para la vida y la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida, y embarazo producto de violación, que le aplica a todas las niñas menores de 14 años embarazadas, según el código penal). Desde entonces, el Ministerio de Salud incluyó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el POS, además de crear varios protocolos de atención donde este procedimiento es una garantía para proteger la vida y la dignidad de las mujeres.

¿Qué han hecho las facultades de medicina para que sus estudiantes, los futuros médicos del país, puedan atender a las mujeres y especialmente a las niñas, respetando su derecho fundamental a la salud sexual y reproductiva?

Casi nada.

Las facultades reprobadas por los expertos

Pedro*, un médico egresado hace seis meses y miembro de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), se piensa la pregunta. ¿Qué le enseñaron sobre aborto en su universidad? “Nada… pero nada es nada”.

Lo que sabe lo aprendió durante un curso con una organización internacional, al que asistió por interés personal. Pedro aceptó hablar para este reportaje bajo condición de anonimato, una solicitud constante en esta investigación: todos temen represalias por parte del gremio y de las universidades. Según él, la IVE se nombra en muchas facultades de pasada, “pero no es un punto clave en el currículo. Al graduarte, profundizas si te interesa el tema, pero si no, no lo vuelves a ver nunca más”.

Lo anterior lo corrobora Wilson Rojas, representante del Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia (Ascemcol): “Los estudiantes sienten que no tienen la capacidad de responder a las preguntas que les puedan hacer (las pacientes) y aseguran que las universidades explican la sentencia C-355, pero no ahondan más”.

Luis Jorge Hernández, médico salubrista, especialista en salud pública y docente de la Universidad de los Andes, concluyó en un estudio publicado en 2018, llamado Resumen revisión del plan curricular, los microcurrículos, las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias en interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en cuatro facultades de medicina, lo descrito por los miembros de Acome y Ascemcol. Su investigación evaluó las competencias de cuatro facultades de medicina en materia de IVE, examinando sus currículos y midiendo el conocimiento en la materia de los estudiantes de último semestre. La mayoría salió muy mal librada.

En todas las facultades les explican a los estudiantes las causales de despenalización del aborto y la existencia del derecho de objeción de conciencia. Sin embargo, ninguna de ellas les enseña prácticamente a realizar el procedimiento, ya sea con medicamentos o cirugía. Adicionalmente, los estudiantes evaluados no identificaron que el aborto inseguro es un factor asociado a la mortalidad materna. También desconocían que la IVE está cubierta por el Plan Obligatorio de Salud (POS) y los métodos quirúrgicos para realizarla.

Las facultades que participaron en dicho estudio lo hicieron de forma anónima, pero el informe aclara que dos de ellas son públicas, una es privada laica y otra privada confesional. Solo los estudiantes de una de las universidades oficiales reconocieron los medicamentos que se indican para abortar y las prácticas prohibidas para los médicos, como ordenar juntas o solicitar exámenes psiquiátricos a la paciente como condición para practicar el procedimiento. Esta misma universidad fue la única en registrar que sus alumnos conocieran cómo objetar conciencia adecuadamente, es decir, las condiciones para que los médicos se negaran a practicar la IVE (ver recuadro).

Según el doctor Hernández, las universidades no pueden resolver solas estas falencias: “es necesario que los ministerios de Salud y de Educación direccionen estos temas estratégicos, pero no hay interés en hacerlo pues sigue siendo un tabú por el carácter moral  y por las fibras de poder religioso que toca”, dice.  

Un currículo incompleto

El atraso de los currículos de las facultades de medicina trasciende los temas de salud sexual y reproductiva. Según el informe Recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia, elaborado en 2017 por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), “los médicos generales ingresan al mercado laboral con menores competencias prácticas...egresan sin haber realizado de manera autónoma procedimientos quirúrgicos básicos, sin haber atendido partos ni realizado cesáreas; además tienen bajas competencias para la práctica clínica”.

El Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina (ANM) ya empezaron a resolver parte de este problema. En 2016 presentaron el documento Perfiles y competencias profesionales en salud, en el que se hacen recomendaciones a las universidades sobre los criterios mínimos que debería cumplir un egresado de medicina en Colombia. Sin embargo, en las secciones del informe dedicadas a la ginecología, la obstetricia y la atención de adolescentes, no hay una sola mención a la IVE como un procedimiento que deba conocer y practicar un médico general. Esta solo aparece en las recomendaciones que hace la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), que se encuentran en los anexos del documento.

El silencio institucional frente a este tema se profundiza aún más con la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, que le permite a las instituciones de educación superior la posibilidad de diseñar los currículos de las carreras según su criterio. Y, aunque estos deben ajustarse a lo que ordena la ley, no hay ningún mecanismo que las obligue a incluir la formación sobre IVE.

Cuando intentamos averiguar qué pasa en las facultades o cuál es el estatus de esta reforma curricular, nos encontramos con silencio y evasivas. Gustavo Quintero, presidente de Ascofame y decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, aseguró que no existe una posición gremial sobre la IVE y se negó a darnos una entrevista. La oficina de prensa del Ministerio de Educación también eludió remitirnos con el funcionario encargado de la vigilancia de las entidades de educación superior.

¿Qué pasa en las universidades?      

Tres exalumnos de la facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, regida por el Opus Dei, nos confirmaron que la enseñanza sobre anticoncepción que recibieron hizo mucho más énfasis en métodos naturales como el ritmo, el coito interrumpido o sostener relaciones sexuales mientras las mujeres están su periodo de lactancia, formas mucho menos efectivas de evitar un embarazo que los medios hormonales o de barrera.    

“Hay muchos estudiantes que se oponen”, cuenta Pedro, quien antes de llegar a la Juan N Corpas estudió seis semestres en la Sabana. Y añade: “pero cuando ya estás adentro no puedes morder la mano que te está dando de comer. Hay temas en los que sabes que tienes al Opus Dei encima, como la eutanasia o el aborto”.

Sandra*, médica general, asegura que en las clases en la Sabana solo incluyen el marco legal que cobija a la IVE, pero aclara que los profesores no hacen el mismo énfasis en todas las causales. De hecho, asegura que sus profesores consideran que el aborto solo podría ser practicado cuando la mujer o el feto están en riesgo de muerte. Si es un embarazo saludable, el objetivo de los médicos debe ser “facilitar la vida, no la muerte”, concluye,  refrendando los postulados que aprendió. Cuando le preguntamos si en sus clases alguna vez hablaron de derechos sexuales y reproductivos, o si profundizaron en la causal de violencia sexual, nos dijo que no. “Nunca se tocó el tema, siempre nos dijeron que primero estaba la vida”.

Álvaro Romero, decano de la facultad de medicina de la Universidad de la Sabana, se negó a responder nuestras preguntas. Su oficina de prensa aseguró que prefería “no pronunciarse al respecto”.

En la Universidad Javeriana, el panorama no es más alentador.  “Yo creo que la universidad no quiere que la relacionen con la palabra aborto por sus principios’, dice Diana*, estudiante de medicina de quinto semestre. Ella cuenta que el año pasado un grupo estudiantil de su universidad, otro de la Universidad de los Andes y la Fundación Oriéntame quisieron hacer un simposio sobre salud sexual y acceso al aborto seguro, pero fue cancelado porque la facultad de Medicina se opuso a que su grupo estudiantil participara.

“En la facultad nos dijeron que no podía aparecer el logo de ninguno de sus grupos al lado del logo de Oriéntame (una IPS que realiza interrupciones legales del embarazo) porque la universidad es neutral, y eso podía prestarse para que la asociaran con una organización que, dicen ellos, promueve el aborto”.

En la Javeriana tampoco se enseña a practicar la IVE. “Lo abordamos desde la parte legal en la clase de constitución política, pero no muy profundamente”, cuenta Sofía*, estudiante de último semestre de Medicina. Ella afirma que nunca vio cómo se hace una IVE en sus rotaciones por hospitales públicos y mucho menos en el Hospital San Ignacio que presta servicios a la Javeriana, pues este centro de salud es reconocido por negarse a realizar abortos. Sin embargo, Sofía* sabe un poco más que el resto de sus compañeros sobre terminación del embarazo con medicamentos y métodos quirúrgicos porque, irónicamente, asistió a un curso de Oriéntame.  

“Aquí les enseñamos las causales y estamos pensando en incluir contenidos sobre objeción de conciencia”, fue lo único que nos dijo el doctor Carlos Gómez-Restrepo, decano de la facultad de medicina de esta universidad, adscrita a la Compañía de Jesús. Él accedió a hablar con nosotros después de terminar el proceso de admisión estudiantil, pero volvimos a buscarlo días antes de publicar esta historia y dijo estar ocupado.

Un deber incumplido

El problema con este tipo de facultades es que sus médicos, muchos desde el momento en que hacen su año rural, en lugares apartados y de poca presencia estatal, terminan teniendo la responsabilidad de recibir y atender a las niñas violadas y embarazadas. ¿Cómo van a garantizar lo que dicta la sentencia de la Corte si no reciben el entrenamiento adecuado?

María Ximena Dávila, investigadora de DeJusticia, asegura que las universidades  desconocen que su autonomía tiene un límite. “La sentencia T-239 de 2018 de la Corte Constitucional dice explícitamente que la autonomía universitaria está limitada por el respeto a los derechos fundamentales, tanto de las personas que hacen parte de una comunidad académica como de las que eventualmente van a recibir los servicios de quienes se forman en esa comunidad’.

Para Dávila, enseñar estos contenidos no es cuestión de voluntad o de ideología. “Son derechos fundamentales, así como las personas se mueren por una falla cardiaca, las mujeres, y especialmente las niñas, se mueren por un embarazo que atenta contra su vida y su salud”.

Luis Jorge Hernández, el médico salubrista de la Universidad de los Andes que evaluó a las cuatro facultades, también insiste en que la formación en IVE podría ayudar a combatir la mortalidad materna. “Colombia tiene 51 casos de muerte materna por cada 100 mil nacidos vivos, eso es altísimo. En otros países de la región como Chile son 15, y si uno mira por departamentos, se encuentra con que en Chocó, Guainía y Vaupés la mortalidad está por encima de 200”. El aborto inseguro es una de las principales causas de que este indicador sea tan alto, según el Ministerio de Salud, y a su vez, la que tiene mayor posibilidad de ser atendida.

La Universidad de los Andes tiene una de las pocas facultades de medicina en Colombia que sí educa a sus estudiantes en IVE. Quien decidió que esto se incluyera en su currículo fue el doctor Andrés Sarmiento, su actual decano. “Los estudiantes, en su rotación clínica de ginecobstetricia de noveno semestre, van 15 días a Profamilia donde ven, entre otros métodos de planificación, la IVE, y participan en asesoría a pacientes. Además, en clases electivas también pueden rotar en Oriéntame”, explica.

En la Universidad Nacional también se ven estos contenidos y el doctor Pío Iván Gómez, coordinador del Grupo de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la facultad de Medicina, dicta seminarios para pregrado y posgrado sobre interrupción del embarazo y objeción de conciencia.

El doctor Gómez fue uno de los autores del documento Propuesta de contenidos en Salud Sexual y Reproductiva para incorporar en currículos de pre y posgrado de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog). Allí, sugieren que en las carreras de medicina se estudien temas como derechos humanos, género e interculturalidad, que se capacite a los estudiantes en prevención del aborto inseguro y manejo integral de la mujer con complicaciones de aborto, proceso que incluye la atención médica y el procedimiento de aspiración manual endouterina (Ameu), técnica quirúrgica con la que se practica en la actualidad la IVE.    

La propuesta del doctor Gómez se publicó hace nueve años, cuando las facultades apenas comenzaban a entender que enfrentaban un nuevo panorama pedagógico a partir de la sentencia C-355. Han pasado 12 años, y como logramos evidenciar, la tarea sigue pendiente. ¿Cuántas niñas y mujeres colombianas se han visto afectadas por esta negligencia?

Cinco claves para entender la objeción de conciencia

Cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales, también le otorgó el derecho a los médicos de negarse a realizar la IVE solo bajo ciertas circunstancias y teniendo en cuenta que siempre se deben proteger los derechos y la salud de las mujeres. 

Esto es lo que un médico debe saber para objetar conciencia correctamente:

• Es un derecho que les asiste única y exclusivamente a las y los médicos como personas naturales. Esto significa que no pueden objetar conciencia enfermeras, personal administrativo de las EPS e IPS o personal judicial. Tampoco pueden objetar conciencia instituciones o personas jurídicas como hospitales ni grupos de médicos de forma colectiva.
• La objeción de conciencia es personal, debe presentarse por escrito exponiendo debidamente las convicciones morales, filosóficas o religiosas de las y los médicos,  las cuales no pueden basarse en la opinión del profesional, específicamente frente al aborto.
• Se puede alegar la objeción de conciencia única y exclusivamente para realizar el procedimiento de IVE de forma quirúrgica o con medicamentos. No aplica para negarse a brindar información veraz y oportuna, esta es una obligación que tienen todos los médicos.
• El médico que objete conciencia tiene la obligación de remitir a la mujer inmediatamente a otro médico que sí lleve a cabo el procedimiento, y no puede incurrir en trato discriminatorio y revictimizante, emitir juicios de valor y de responsabilidad penal hacia las mujeres y el personal que interviene en la IVE.
• Las IPS y EPS deben definir previamente quiénes realizarán la IVE. Por ello, siempre deberán contar con personal médico no objetor que garantice la atención oportuna, sin barreras y que esté capacitado para la atención de todos los casos independientemente de la causal y/o la edad gestacional de la mujer.