Colombia: Caso Imatinib calienta los ánimos entre farmacéuticas y el gobierno

“Declaratoria de interés público de imatinib se mantiene en firme”, sentenció en un comunicado de prensa el Ministerio de Salud esta semana mientras señaló de “ambiguas” las declaraciones que Afidro – el gremio de las farmacéuticas-. “No hay ambigüedad ni tono de insinuación alguno en las posiciones de AFIDRO. Lo que hay es claridad y precisión absoluta en los argumentos”, respondió Gustavo Morales Cobo, hasta hace poco Superintendente de Salud y ahora presidente ejecutivo de Afidro.

El rifirrafe entre el Gobierno y Afidro se debe a la declaratoria de interés público y control de precios impuesto sobre el medicamento Imatinib (Glivec), un fármaco clave para tratar la leucemia mieloide crónica y otros siete tipos de cáncer más, además de ser uno de los pilares en las finanzas de la compañía Novartis. Colombia, en tan sólo seis años, pagó cerca de $400 mil millones (US$ 139 millones) por los pacientes tratados dentro del sistema de salud con este medicamento.

El monopolió en la venta del fármaco y el alto precio al que se comercializaba en Colombia y otros países llevó a que el Ministerio de Salud decidiera poner freno al asunto. Tras un largo y complejo proceso, en el que intervinieron políticos, presiones económicas, diplomáticos y jueces, finalmente el Gobierno firmó en 2016 una resolución que declaró de interés público el imatinib y solicitó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos controlar su precio. 

La decisión fue un duro golpe para la compañía de origen suizo que reclama el derecho a cobrar el fármaco de acuerdo con sus propios parámetros. Pero sobretodo, por su temor a que otros países repliquen la medida del gobierno colombiano.

Una vez el Imatinib entró al sistema de control de precios del gobierno, se estableció un precio de $206 (US$ 0,07) por miligramo, lo que significó una caída del 44% del precio impuesto por Novartis. Para el sistema de salud, según cálculos del Ministerio de Salud, la decisión representó un ahorro superior a 12.000 millones de pesos (US$ 4,1 millones).

Además de presentar el caso una vez más ante el Consejo de Estado, Afidro y Novartis solicitaron que se revocara la medida. Según ellos, “no existe argumento jurídico alguno que justifique la expedición de esa circular”.

Pero de acuerdo con la organización de la sociedad civil Misión Salud, que ha seguido de cerca este proceso, la estrategia de la farmacéutica para recuperar el terreno perdido en esta larga batalla que comenzó en 2012, no termina ahí.

Por un lado está latente la amenaza de una demanda internacional por supuesta violación del Acuerdo de Inversiones Colombia-Suiza; también la posibilidad de incluir a Colombia en la lista de países que incumplen gravemente los estándares de protección de la propiedad intelectual; y por si fuera poco el rechazo de la aspiración de Colombia de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ante tantas presiones, el Ministerio de Comercio elaboró un proyecto de decreto que podría modificar el procedimiento para las declaraciones de interés público y, por lo tanto, quitar una de los instrumentos más poderosos al propio Gobierno, para poner orden en el sector farmacéutico. El decreto pretende modificar la composición del Comité Técnico que debe conceptuar sobre la procedencia o no de una declaración de interés público, incluyendo un representante del Ministro de Comercio y otro del Director de Planeación Nacional.

“Es obvio que lo que se pretende es que en la práctica cualquier recomendación de declarar la existencia de razones de interés público en temas sanitarios procederá solamente si los delegados del Ministro de Comercio y del Director de Planeación están de acuerdo, lo que es un exabrupto por tratarse de un área ajena a su competencia. Lo mismo aplicaría en asuntos como el de defensa, medio ambiente y agricultura, entre otros”, explicó a El Espectador Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud.

Ante los rumores, presiones y “ambiguedades” que rodean el caso de Imatinib, el Ministerio de Salud explicó en su comunicado que “la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos tampoco ha considerado revocar la Circular 03 de 2016, que estableció una metodología para regular precios de medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés público”.