Colombia: Tensa disputa entre ministerio de Salud y farmacéuticas por posible baja de precios de anticonceptivos

Los primeros días de mayo hubo un evento en Cartagena. La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología había cumplido 50 años y sus miembros querían celebrarlos con un congreso cerca del mar. Entre los invitados estuvo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. En su intervención les recordó a los médicos una idea que desde hace tiempo rondaba entre sus asesores y que hoy tiene inquieta a la industria farmacéutica: en la próxima regulación de precios, dijo, estarán priorizados los anticonceptivos.

Varios celebraron el anuncio. Sería la primera vez que esa cartera intentaría disminuir los valores de medicinas que los colombianos pagan directamente de su bolsillo. Sus cálculos indicaban que esa medida, detallada en la Circular 07 de 2018, generaría un ahorro de $70 mil millones (US$ 24,3 millones). Si se sumaban las reducciones a los precios de otros fármacos que serían parte de la lista (en total, 1.645 presentaciones), es cifra ascendería a $366 mil millones (US$ 127 millones), más del presupuesto con el que Colciencias ha tenido que sortear 2018. 

Pero a principios de esta semana esas intenciones tuvieron serios tropiezos. El lunes llegaron un par de cartas a los escritorios del Minsalud manifestando su descontento. Quienes las firmaban eran la Embajada de EE.UU. y el Consejo de Empresas Americanas (CEA). En tres páginas cada organismo le recordaba a Gaviria que su país siempre había tenido buenas relaciones con Colombia. “Nuestra misión es fortalecer las relaciones comerciales”, apuntaba Ellen Lenny-Pessagno, consejera de la Embajada. “Las empresas del CEA contribuyen al 7,1% del PIB en Colombia”, anotaba Ricardo Triana Soto, director del Consejo. Tras el breve ejercicio de memoria, le solicitaban al Ministro no seguir adelante con esa idea que expuso en Cartagena.

Detrás de esa solicitud, también copiada al Ministerio de Comercio y a Presidencia, estaba la queja de una farmacéutica estadounidense. Laboratorios Abbott reclamaba porque, según ellos, la regulación de precios de medicamentos generaba desconfianza y desestímulo a la inversión local y extranjera. Además, advertían, inducía a menor tasa de empleo y al desabastecimiento de fármacos. Esta es una compañía con “cerca de 4 mil empleados en Colombia (…) que podrían verse afectados”, volvía a recordar la Embajada. “Solicitamos la no aprobación de la circular”, sentenciaba el CEA.

Ese mismo día Abbott había enviado sus comentarios criticando la Circular 07, que probablemente sea aprobada en las próximas semanas. En 60 páginas le pedían al Ministerio abstenerse de la regulación. También lo pedía Bayer, otras tantas compañías y asociaciones farmacéuticas: Afidro, que agremia a las multinacionales, y Asinfar, a los laboratorios nacionales. Los anticonceptivos parecían haberse convertido en un gran punto de discordia durante los últimos meses de Gaviria.

Una píldora muy popular

Desde que en 1960 la “píldora” fue aprobada como anticonceptivo en EE. UU., se ha convertido en uno de los medicamentos más populares. Los profundos cambios que generó en la concepción de la sexualidad, en los controles de natalidad y en la prevención de embarazos, promovieron el desarrollo de múltiples métodos anticonceptivos. Hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista amplia que va desde píldoras orales hasta implantes y dispositivos. La popularidad de los anticonceptivos, sin embargo, no ha sido suficiente para que todas las mujeres puedan acceder a ellos.

En marzo de este año el Instituto Guttmacher y la OMS publicaron un robusto estudio en la revista The Lancet, una de las más prestigiosas en el mundo médico, donde volvían a advertir sobre la necesidad de sumar más esfuerzos para que los países en desarrollo garantizaran el acceso a esos métodos. Era uno de los caminos para prevenir los abortos peligrosos, sugerían. Entre 2010 y 2014 se habían presentado 25 millones de procedimientos que pusieron en riesgo la salud de muchas mujeres.

La otra ruta para evitarlos, menos fácil, era romper los tabús. En Colombia el uso de los anticonceptivos varía según la región. Los datos de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud dan algunas pistas: en Bogotá está la prevalencia más alta (80 %), mientras que la de Atlántico es la más baja (69 %). Aunque la mayoría (59 %) sabe que las EPS los otorga de manera gratuita, muchos prefieren pagarlos de su bolsillo. De hecho, las droguerías son la principal fuente de suministro de la píldora (42,6 %) y de la inyección mensual (32,2 %), los dos caminos más usuales para las mujeres colombianas después de la esterilización femenina.

Cuando Alejandro Gaviria llegó al Ministerio, una de sus políticas para reparar la liberación de precios de medicamentos que impulsó Diego Palacios, ministro de Álvaro Uribe, fue volver a regularlos. Las medicinas compradas en farmacias no habían estado entre sus cuentas, pero los anticonceptivos (y antihipertensivos) iban a ser la cereza del pastel. ¿La razón? A la hora de compararlos con los valores de los países de referencia, había serias diferencias. Mientras que en una farmacia colombiana un sobre de 24 píldoras de yasminq, de Bayer, rodeaba los $61.000 (US$ 21,2), en Canadá podía valer $27.000 (US$ 9,4), en Noruega $21.000 (US$ 7,3) y en Argentina $75.000 (US$ 26,1).

Saltándonos los detalles técnicos de la regulación, lo cierto es que la propuesta le molestó a la industria. Bayer y Abbott evidenciaron su incomodidad. En el fondo tenían algo de razón: de acuerdo con los cálculos del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica (Observamed), el 71 % de las ventas por anticonceptivos que entrarían en la lista las generaban estos dos laboratorios (47 %, Abbott; 27 %, Bayer). En otros términos, en 2017, por sólo estos productos Abbott, junto con las otras dos compañías del grupo (Synthesis y Lafrancol) facturó $76.856 millones (US$ 26,7 millones), y Bayer, $39.659 millones (US$ 13,8 millones). A los ojos del Minsalud, se trataba de un caso de alta concentración de mercado donde los precios no estaban favoreciendo a Colombia.

Ambas casas farmacéuticas han argumentado en sus comentarios que no están de acuerdo y que se trata de un atentado contra el libre mercado. Ambas también han pronosticado que la medida generará la salida de varias empresas del país. Bayer, incluso, asegura que “la reducción de los embarazos no deseados es una de las principales metas del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021”. Ese documento, por el contrario, se traza el propósito claro: disminuir esa tasa al 15% en adolescentes. Una de sus estrategias es eliminar las barreras de acceso a los anticonceptivos.

Preguntas sin responder

El Minsalud tiene otro buen argumento para llevar a cabo la regulación. Como lo muestra la siguiente gráfica, los precios de algunos anticonceptivos empezaron a aumentar en los últimos años. El ejemplo más claro es el de la caja de yasminq (Bayer). De costar $40.000 (US$ 13,9) en enero de 2016, pasó a $50.000 (US$ 17,4) a principios de 2018. Yaxibelle, de Abbott, pasó de $39.000 (US$ 13,5) en enero de 2014 a $47.000 (US$ 16,3) en 2018.

La ilustración también le sirve a esa cartera para responder una de las incertidumbres que todos los laboratorios y asociaciones farmacéuticas plantean: ¿Por qué, si las anteriores regulaciones de precios siempre se habían hecho en octubre y entraban a regir en enero del año siguiente, les cambiaron las reglas del juego? “¿Por qué, pudiendo regular sus precios, decidieron incrementarlos?, les responde el Ministerio. “¿Lo seguirán haciendo hasta que nos demos cuenta?”.

Para conocer más en detalle las razones de la industria, consultamos a Abbott. Su respuesta fue un párrafo enviado a través de su agencia de comunicaciones: “Es muy importante recalcar que estamos de acuerdo con la intención del Gobierno de que las medicinas sean asequibles para la población para maximizar el acceso a la salud”. También intentamos hablar con Bayer. Su respuesta fue otro escueto comunicado en el que reiteraban que ya habían enviados sus comentarios al Minsalud y advertían que para ellos “es muy importante que se asegure a las mujeres colombianas el acceso a métodos anticonceptivos, teniendo en cuenta el impacto social y económico que representan los embarazos no planeados”.

De igual manera, tratamos de conversar con Profamilia que, a su vez, es importadora de anticonceptivos. En un apartado de sus comentarios sugería que la regulación generará “riesgos en acceso y derechos en las mujeres”. Aseguraron que, por el momento, no tendrían ningún “posicionamiento”. Algo similar sucedió con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Al cierre de esta edición tampoco habíamos recibido su respuesta.

En sus 60 páginas de comentarios, Abbott cita el concepto de tres ginecólogos para justificar su postura. Cuando nos comunicamos con uno de ellos, Néstor Balcázar Galindo, de la U. del Rosario, para conocer en más detalle su argumento, su respuesta fue clara: “No quise que se generaran confusiones. Claro que estoy de acuerdo con la regulación de precios de los anticonceptivos. Soy amigo de la medida. Todos deben disminuir el valor, pero que todos queden al mismo precio”.