Reporta la prensa internacional un nuevo escándalo en los Estados Unidos derivada de la llamada “crisis de los opioides” por el gobierno de aquel país. Se trata de una estrategia comercial de algunos laboratorios farmacéuticos, que, en el insaciable ánimo de producir dividendos a cualquier costo, provocó la adicción de miles o quizá millones de personas a un grupo de fármacos derivados de la morfina o heroína, entre los cuales se encuentra el fentanilo.

El laboratorio Johnson y Johnson perdió demandas multimillonarias porque se le comprobaron sus acciones en este sentido y ha sido condenado a pagar cifras exorbitantes a los familiares de los miles de muertos por las adicciones. Ahora es otro laboratorio transnacional llamado Purdue Pharma, que comercializa un fármaco llamado OxyContin, y se encuentra negociando un acuerdo multimillonario para resolver más de dos mil demandas presentadas en tribunales norteamericanos.

El pacto, según reporta la prensa internacional, incluye un pago de entre US$ 10 mil y 12 mil millones lo que la conducirá a la bancarrota. La acusación concreta gira en torno a comercializar agresivamente el analgésico, presionando a los profesionales de la salud para que lo prescriban.

La familia Sackler, propietaria del imperio farmacéutico, aportará una cifra cercana a los tres mil millones directamente de sus activos, y probablemente declarará la bancarrota de la empresa, frente a la cual el gobierno norteamericano transformará a la administración de la misma en un fideicomiso público beneficiario, lo que implicará que todas las utilidades de la empresa estarán dirigidas a las liquidaciones demandadas. Ambos casos constituyen las primeras acciones legales formales en contra de la industria por los centenares de miles de muertos provocados por las diversas adicciones.

Lo que queda claro frente al panorama descrito es la muy escasa diferencia entre el comportamiento de multinacionales legales y el narcotráfico.

Ambas industrias se benefician de provocar la necesidad de consumir sus productos, sólo diferenciada por la clandestinidad.

Hacerlo abiertamente carece de castigo, o por lo menos no de uno tan severo, como el impuesto recientemente al famoso narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera. En el fondo es, exactamente, el mismo mecanismo, con daños prácticamente iguales, con la pequeña gran diferencia de que en el caso de los laboratorios lo disfrazan de contribuciones a la conservación de la salud.

El engaño subyacente es lo que se podría combatir legalizando el uso de las drogas, se obligaría a las farmacéuticas a informar completa y absolutamente acerca de las posibles secuelas a la salud de tal o cual medicamento consumido con fines analgésicos o recreativos, de tal forma que será por la libre elección de cada persona exponerse a la posibilidad de convertirse en adicto.

Sin duda urge discutir con la suficiente profundidad el tema con fines sanitarios y de respeto a los derechos humanos. Nos urge especialmente como país en el que carecemos de mecanismos legales para demandar a multinacionales.