El Gobierno endurece su posición frente al prolongado paro médico en el sector público y de la seguridad social. Este lunes retiró su oferta de modificar el decreto de regulación del sector y definió que una verificación de control en los diferentes nosocomios derivará en el despido de quienes han dejado de trabajar, a lo que se suma la amenaza de descuentos por 17 días no trabajados.

En el otro frente, el de los médicos, tampoco bajó la presión. Para esta semana se anuncia que aumentarán los piquetes de huelga de hambre, que ya empezaron con un grupo de médicos en instalaciones de la Facultad de Medicina, y renuncias grupales a cargos administrativos. Como una última medida optaron por pedir adermás una audiencia al presidente Evo Morales.

La ministra de Salud, Ariana Campero, fijó la posición que tomó el Gobierno a 26 días de iniciado el conflicto en rechazo al decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud (D. S. 3385) que, entre otros aspectos, regulará los aranceles en el sector privado.

Hasta hoy había la disposición de redactar un decreto que vaya a reemplazar al cuestionado, pero Campero hizo conocer que esa predisposición, sin resultados hasta el momento, no va más. “Ya no se va a modificar el decreto”, anunció en una entrevista con la red Unitel y, por el contrario, llamó a los profesionales de salud a retomar a sus fuentes de trabajo.

También, como se anunció la semana pasada, habrá una inspección junto al Ministerio de Trabajo a los diferentes nosocomios para verificar la asistencia o no de los galenos para su posterior destitución en función a la normativa laboral, que establece el retiro de personal que no haya asistido seis días continuos a su fuente laboral.

“Vamos a proceder a hacer los despidos, no es posible que nos puedan chantajear. Vamos a hacer los despidos correspondientes en función de la normativa vigente”, advirtió y dijo que no se puede entender que hayan quejas por la decisión que se aplicará, cuando no están acudiendo a trabajar dejando a miles de persona sin atención médica.

Los movilizados rechazan la regulación del sector privado de la salud, pero también el artículo 205 de la recientemente promulgada ley del Código del Sistema Penal que incorporó la figura de la mala práctica profesional con sus alcances, atenuantes y agravados. Ese artículo fue acordado con el Colegio Médico de Bolivia, que ahora exige sea anulado de la legislación.

Campero anunció que inmediatamente se den los despidos y se cumpla la renuncia colectiva de los galenos a puestos de decisión se activarán las convocatorias respectivas para quienes deseen trabajar.

Ya van 17 días hábiles sin atención a la población en los sectores públicos y de la seguridad social. Esos días serán parte de descuentos, insistió como ya lo había anunciado el vicepresidente Álvaro García la semana pasada en medio de la promulgación del nuevo código, en Palacio de Gobierno.

“Solicitamos y exigimos que levanten el paro, no van a ganar nada con eso”, sostuvo la ministra.