Desde que las Secretarías de Salud comenzaron a aplicar la Resolución 2003 de 2014, en la que se dictan las condiciones para habilitar centros médicos y consultorios, los odontólogos del país comenzaron a descubrir que algo había quedado mal cuando se elaboró esa norma. En una carta firmada por once gremios odontológicos, dirigida al ministro de Salud Alejandro Gaviria, expresaron su malestar.

“Exigimos, señor Ministro, conocer la razón por la cual no se nos invitó a ninguno de las agremiaciones representativas del Sistema de Salud, a participar y de manera proactiva en la elaboración de nuestras normas”, se lee en la carta.

La aplicación de la norma, argumentan, no distingue la real dimensión y naturaleza de los prestadores lo que está llevando a la imposición de enormes costos y cargas innecesarias de infraestructura a profesionales independientes y pequeñas IPS, la exigencia de requisitos de imposible cumplimiento en Colombia (muchas veces por omisiones del Ministerio) y la existencia de graves fallas en el derecho de defensa y en el debido proceso.

Los once gremios odontológicos, entre los que figuran la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio Colombiano de Odontólogos, Sociedad Colombiana de Ortodoncia y la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, lamentaron que sus reclamos no hayan sido tenidos en cuenta y no participar activamente en la discusión de normas que los afectan.

“En reiteradas oportunidades, hemos intentado expresar al Ministerio y, particularmente, a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, en cabeza del doctor José Fernando Arias Duarte, nuestros serios reparos anclados en sólidas evidencias científicas y prácticas. Sin embargo, no hemos sido escuchados y lamentablemente hoy se reafirma esa triste percepción”, escribieron.

Los odontólogos dicen que no fueron invitados a una reunión que se llevó a cabo en abril y en la que se discutió un nuevo proyecto de resolución para enmendar algunos errores de la norma anterior. 

La Secretaría de Salud de Bogotá reconoció que existe un problema con la aplicación de la norma 2003 de 2014 y envió una propuesta de modificación al Ministerio de Salud. En particular, los funcionarios de la Secretaría señalan que se están presentando muchas dificultades con los criterios establecidos sobre infraestructura “debido a que tiene un gran impacto en los prestadores de servicios de salud y en las acciones de inspección, vigiglancia y control”.

La lista de quejas, como lo señaló recientemente a El Espectador Gloria Amparo Silva Ramírez, presidente de la Asociación de Odontólogos Javerianos, es extensa e incluye utilizar costosas llaves de agua de manos libres, no permitir que dos profesionales atiendan a un paciente al mismo tiempo aún cuando en ocasiones eso es necesario, exigir que el cuarto de depósito de basuras reciclabes y ordinarias no tenga peladuras en la pintura, exigir una báscula para pesar basuras, tener que reportar horarios de atención constantemente e incluso cuando se van de vacaciones, entre otras.