Desde hace varios años, el sistema de salud se ha convertido en un blanco constante de quejas por parte de médicos y pacientes. Las salas de urgencia no dan abasto, a clínicas y hospitales no les pagan a tiempo, y obtener una cita con tiempo puede llegar a convertirse en un laberinto sin salida. No obstante, aunque son muchos los factores que tienen al sistema en aprietos, el desempeño que cumplen las empresas promotoras de salud (EPS) parece ser lo que más desconfianza ha ganado.

Es por esto que, buscando materializar un inconformismo que no deja de crecer, algunos ciudadanos de Cali se unieron para promover una consulta popular que busca defender el derecho a la salud y evitar que las EPS sigan siendo las intermediarias financieras de los recursos de salud.

La propuesta, que fue aprobada por la Registraduría y tiene tres meses y dos semanas más para recolectar dos millones de firmas, se basa en cuatro preguntas. La primera, y tal vez la más importante, busca que los ciudadanos respondan si les parece o no que las EPS sigan siendo las encargadas de manejar la plata que entra al sistema de salud: “¿Está de acuerdo en que los recursos públicos de la salud deben ir directamente a las IPS, como hospitales, clínicas, centros de salud, entre otros, y que no se le permita a ninguna entidad expresamente la intermediación financiera, como lo hacen en la actualidad las EPS?”.

Después, la consulta plantea otros aspectos, como prohibir la verticalidad (que las EPS también sean dueñas de clínicas y hospitales), que sean excluidas de las juntas médicas para que no tengan incidencia en los medicamentos o tratamientos que se permite dar a pacientes y que se eliminen los listados de lo que se paga con recursos públicos. Dos puntos que, de hecho, fueron ajustados por la Ley Estatutaria de Salud que este año cumplió dos años de vigencia, pero sobre los que, según los promotores de la iniciativa, todavía existen algunos vacíos.

Es por esto que, en palabras de Mauricio Sánchez, uno de los miembros promotores de la consulta, la iniciativa no “está dirigida a acabar las EPS, sino a transformar el servicio de salud en uno digno, donde no prevalezca la mentalidad de negociantes”.

Desde que la Ley 100 planteó en 1993 un modelo en el que podían existir empresas privadas que se encargaran de manejar la afiliación de los pacientes, con un carácter más administrativo que médico, han sido varias las críticas que le han llovido a la figura. La sensación, sobre todo en médicos y hospitales, era que se estaba “comercializando” la salud. No sorprende, entonces, que la mayoría de ellos apoyen la consulta, pero sobre todo la idea de que Colombia, una vez más, necesita una reforma a la salud.

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El doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), cree que es una iniciativa valiosa, pues pone en evidencia que la crisis que vive el sistema de salud no es sólo económica, sino que preocupa directamente a los ciudadanos. De hecho, parte de la falta de solvencia que tienen actualmente clínicas y hospitales se debe a las billonarias deudas por parte de las EPS. En el 2016, según estudio realizado por ACHC con 135 entidades que representan el 20% de las camas del país, se llegó a la conclusión de que esta deuda asciende a los $7,3 billones (US$ 2.383 millones).

Por su parte, para el doctor Jaime Fernando Guzmán, presidente de la Federación Médica Colombiana, las EPS son una figura que debía desaparecer, por lo que le da su apoyo a la consulta. “Las EPS son instituciones de tipo mercantil que han acabado con el sistema. Son intermediarios que sacan plata del sistema y no pagan a hospitales. Un tumor maligno del sistema”, afirmó al El Espectador.

Pero las EPS no piensan igual. Bajo este modelo, explica el doctor Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la salud ha logrado un mayor alcance. “Encuestas del Ministerio de Salud y del DANE demuestran que el 85 % de las personas están satisfechas con su EPS, así que, si nos toca, saldremos a demostrar a los colombianos por qué no deben aceptar la idea de acabar con el aseguramiento”.

Otra de las partes que tienen dudas sobre la consulta es la organización de pacientes Asociación Colombia Saludable. De acuerdo con su vocero, Denis Silva, la cuestión no es si los dineros van directamente a las EPS o las IPS, sino que haya reglas del juego claras. Para capotear la crisis, afirma, se necesitan órganos de control más fuertes. Además se pregunta cuál sería el modelo que se propone si no están las EPS.

Aunque la consulta no lo deja claro, entre las personas consultadas las propuestas para reemplazar a las EPS son muchas. Una de ellas, explica Mario Hernández Álvarez, coordinador del doctorado interfacultades en salud pública de la Universidad Nacional, sería retirar a las EPS y construir una nueva institucionalidad que administre estos recursos, donde se integren, bajo un fondo público, recursos fiscales y parafiscales que sean asignados a los territorios según características demográficas y epidemiológicas.

No obstante, en medio de una tendencia nacional de consultas populares en el país —hay una fila de estas iniciativas relacionadas con proyectos de extractivismo y anticorrupción—, también se ha puesto en duda el alcance que tienen, ya que el Gobierno ha dejado en vilo la idea de que los resultados que salgan de ellas sean un mandato a cumplir.

Es por esto que, para Hernández, aunque la consulta no tenga la viabilidad de modificar el sistema, sí “sería una especie de legitimización de un cambio profundo”. Algo así como un llamado al Gobierno para que tome medidas y se logre, en un futuro, reestructurar el sistema. Pues desde que nació la Ley 100 han sido muchos los decretos y leyes que la ajustan —incluso la Ley Estatutaria—, pero, para muchos, se trata de pañitos de agua tibia para capotear lo que consideran una crisis de salud.