Si todo sale como está previsto, hoy, después de más de un año de espera, de un paro de maestros y de varios aplazamientos, quedará definido quiénes serán los encargados de la salud de los profesores colombianos. En horas de la tarde, si nada extraordinario ocurre, se sabrá cuáles operadores manejarán los $5,27 billones (US$ 1.769 millones) que costará ese servicio en los próximos cuatro años, una cifra que equivale a dos veces lo asignado para el sector judicial en 2018 o a quince veces lo destinado para Ciencia y Tecnología.

El proceso que se esconde detrás de este jugoso contrato ha sido intenso y no ha estado exento de polémica. Desde que en octubre de 2016 se abrió una nueva licitación para poner punto final al manejo de la salud del magisterio, que había estado en las mismas manos por dos décadas, ha habido varios tropiezos. Primero, como nunca había ocurrido, se presentaron 28 proponentes que aspiraban a quedarse con el contrato. Ninguno cumplió los requisitos.

Luego, tras una serie de modificaciones, se abrió una nueva licitación en abril de 2017, pero la Procuraduría la suspendió porque encontró una serie de inconsistencias. Después, en agosto, se reactivó y tras contratar a tres evaluadores externos y superar algunos detalles técnicos, quedaron 17 firmas habilitadas. De esas, solo nueve superaron los filtros finales. Si no hay contratiempos, algunas de ellas cerrarán hoy un cuantioso contrato. La idea es que se responsabilicen por diez regiones en las que fue dividido el país. La que más dinero representa es la compuesta por Cundinamarca, Bogotá, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Vichada ($885.440 millones o US$ 297 millones). La que menos recursos tiene asignados es la conformada por Caldas, Quindío y Risaralda ($311.857 millones o US$ 104 millones).

Pero como en todo gran contrato la polémica es ineludible, este caso parece no ser la excepción. Aunque en reiteradas ocasiones se ha dicho que el proceso tendrá punto final hoy, para Fecode, federación que agrupa a los maestros, aún no están resueltos todos los “peros”. En palabras de su vicepresidente, Luis Eduardo Varela, hay puntos que siguen causando inquietud. El principal: la descalificación de varios de los oferentes. En términos simples, no les cuadra uno de los informes que presentó la Fiduprevisora (responsable de gestionar los recursos), con los que tiene el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Para Varela, no hubo razones de fondo para que siete de las asociaciones que aspiraban a manejar los recursos de la salud fueran excluidas.

¿Qué sucederá entonces? Pese a que varios medios han reiterado que hoy se pondrá punto final a ese extenso proceso, el panorama aún es incierto. Fecode, que con dos voceros hace parte del Fomag (además del Mineducación, el Mintrabajo, el Minhacienda y la Fiduprevisora), insiste en que no le dará vía libre a la adjudicación de la licitación si la Procuraduría no revisa los conceptos que emitieron los evaluadores externos y empieza a acompañar más de cerca todo este enredo. Mientras tanto, las quejas de un sistema que lleva veinte años, seguirán acumulándose. Represamiento de cirugías, no entrega de medicamentos y ausencia de especialistas son los reclamos que en cada paro repiten los profesores.