El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, tiene la intención de demandar al gobierno federal si los legisladores republicanos aprueban la legislación propuesta para reformar el sistema de salud estadounidense, dijo su oficina el lunes.

La oficina de Schneiderman dijo que ha identificado "múltiples defectos constitucionales" con los proyectos de salud republicanos.

El Senado de los Estados Unidos está considerando una legislación para derogar partes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el logro legislativo del ex presidente demócrata Barack Obama, comúnmente conocida como Obamacare.

Sin embargo, entre ocho a diez senadores republicanos estadounidenses tienen serias preocupaciones sobre las propuestas, dijo el domingo la senadora republicana moderada, Susan Collins, que se opone al proyecto de ley.

Los fiscales generales demócratas se han convertido en una importante fuente de oposición a las políticas del presidente republicano Donald Trump, que lo han forzado a reducir significativamente la prohibición de viajar de seis países de mayoría musulmana.

Un grupo de demócratas liderados por Schneiderman y el procurador general de California, Xavier Becerra, intentaron intervenir en un juicio pendiente para defender los subsidios pagados a las aseguradoras de salud bajo Obamacare. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud.

Entre las propuestas republicanas que plantean cuestiones constitucionales se encuentran las que terminan con el financimiento del grupo de salud Planned Parenthood durante un año, y otra que cambiaría algunos costos de Medicaid en Nueva York de los condados al estado, conocida como la enmienda Collins-Faso, dijo Amy Spitalnick, una portavoz de Schneiderman.

Los críticos de esta última disposición dicen que aumentaría drásticamente los costos en el presupuesto estatal para el programa de salud de Medicaid para los pobres y discapacitados.

Una portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre la amenaza de la demanda. Un representante del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.