El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, firmó un decreto que establece la obligatoriedad de "etiquetado neutro" en las cajillas de cigarrillos.

De esta manera, se adelanta a un proyecto de ley que fijaba esa medida, pero cuyo estudio se ha estancado en el Congreso.

"Sin perjuicio que está en el ámbito parlamentario la discusión del proyecto de ley, el presidente firmó un decreto que pone en marcha esa iniciativa" enmarcada en la política anti-tabaco que inició Vázquez en su primer mandato (2005-2010), explicó el ministro de Salud, Jorge Basso.

Esa política "viene dando enormes resultados en la disminución de la prevalencia de personas que están vinculadas al tabaco y, particularmente, en las nuevas generaciones", resaltó.

El objetivo es "reducir el 'atractivo' de los productos que se ofrecen al consumidor" para eliminar la posibilidad "de inducir a error o engañar al consumidor sobre los efectos más o menos nocivos" de los productos.

De esa manera, se ofrece una sola presentación, se elimina cualquier elemento distintivo de la marca y se mantiene el 80% de la superficie de la cajilla dedicada a advertir sobre los peligros del consumo.

El decreto establece un plazo de seis meses para que las tabacaleras apliquen el cambio que convertirá a Uruguay en "pionero" en América, resaltó Basso en diálogo con el servicio de prensa del gobierno.

Según el funcionario, a nivel mundial Gran Bretaña, Irlanda, Australia y Francia se destacan entre los países que ya implementan el etiquetado genérico.

Recordó, además, que con este decreto se cumple con lo establecido en los artículos 11 y 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La prevalencia del tabaquismo se redujo de 35 a 21% desde que comenzaron a aplicarse las medidas antitabaco en el primer gobierno de Vázquez (2005-2010).

Vázquez, médico oncólogo de profesión, anunció en junio que el Poder Ejecutivo prepara una normativa para ampliar la prohibición de fumar a menos de 200 metros de escuelas y hospitales.

En 2006, Uruguay se convirtió en el quinto país del mundo libre de humo de tabaco en lugares públicos cerrados, además de aplicar desde entonces fuertes gravámenes a cigarrillos y limitaciones a su publicidad.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones desestimó el año pasado la demanda contra Uruguay interpuesta por Philip Morris, que alegaba perjuicios comerciales por la política antitabaco del país.

La denuncia acusaba a Uruguay de haber actuado "en contra del tratado bilateral de inversiones con Suiza", sede de la multinacional, lo que habría producido a la firma "daños y perjuicios derivados de una expropiación".

Las restricciones locales al tabaco establecen la prohibición de ofrecer productos "suaves".