Masvida

La decisión fue adoptada por el organismo a cargo de la superintendenta (s) Ana María Andrade, como una forma de resguardar eventuales obligaciones que pudo haber dejado la desaparecida Masvida con acreedores, entre ellos clínicas y farmacias.

Inquietud existe entre los accionistas de isapre Masvida luego de haberse enterado extraoficialmente de la negociación entre el directorio y los representantes de las empresas Valmar y Madesal para que ingresen a la propiedad de clínicas como la Universitaria de Concepción.

Este lunes se cumplieron los ocho meses de plazo que estableció la Superintendencia de Salud a la administración provisional llevada a cabo por el interventor, Robert Rivas, con el objetivo de que la exisapre Masvida lograra saldar sus compromisos con al menos 500 mil afiliados; todo a raíz de la crisis financiera en que se encuentra desde hace meses.

Tras meses desde solicitada la reorganización judicial, fue finalmente aprobado el acuerdo entre el interventor de la isapre Masvida y los 984 acreedores que dejó la empresa y que participaron del proceso ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción.

Las deudas se estiman en 145 mil millones de pesos (US$ 231,9 millones). El interventor Robert Rivas se mostró seguro del proceso que permita concretar el negocio con Nexus, empresa que adquirió la isapre.

El próximo martes los tribunales se pronunciarán sobre la reorganización judicial de Masvida en Chile, proceso que busca despejar el camino para completar la adquisición de la isapre por parte de Nexus y que debería llevar al grupo a inyectar los 27 mil millones de pesos (US$ 42,6 millones) comprometidos.

Esto luego de que se supiera que los acreedores de la exaseguradora reclaman deudas por US$ 238 millones, el doble de los que la propia Masvida calculó al momento de presentar su solicitud judicial en la que declaró pasivos por unos 65 mil millones de pesos (US$ 103,9 millones).

La cifra cursada por el Servicio de Impuestos Internos incluye intereses y multas por deuda de capital, por lo que el monto definitivo podría bajar si la exisapre lo solicita a la Tesorería.

Los cargos están basados en acusaciones por incumplimiento de la norma que prohíbe que exista dualidad de funciones entre los ejecutivos de las isapres y las respectivas prestadoras de salud, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés, como también el uso de información privilegiada.