Chile: Embargo complica aún más la situación de Isapre Masvida, según sus acreedores

Lunes, 17/07/2017
Son miles de millones de pesos los que la aseguradora adeuda no sólo a afiliados, sino también a bancos y clínicas privadas, compromisos que se esperaba que fueran saldados con inmuebles de propiedad de la compañía avaluados en cerca de US$ 12,1 millones.
Bío Bío

Las clínicas acreedoras de la isapre Masvida en Chile, calificaron como grave que no se resguardaran las garantías para cumplir con las deudas dejadas por la aseguradora, subrayando que con el embargo de las propiedades se complica el escenario. Denuncian que la situación equivale a una infracción de la ley y se apunta al interventor y a la Superintendencia de Salud como responsables.

Son miles de millones de pesos los que Masvida adeuda no sólo a afiliados, sino también a bancos y clínicas privadas, compromisos que se esperaba que fueran saldados con inmuebles de propiedad de la isapre avaluados en cerca de 8 mil millones de pesos (US$ 12,1 millones).

Sin embargo, parte de esas propiedades -incluido el edificio sede de Masvida en Concepción- fueron embargadas el viernes en el marco de una demanda presentada por el BCI, medida que confirmó los temores que tenían las clínicas y que expresó incluso ante el Congreso la gerenta general de la asociación que las agrupa, Ana María Albornoz.

En igual sentido se manifestó el gerente general del Sanatorio Alemán de Concepción, Jorge Plaza, al subrayar en el incumplimiento de la ley en que habrían incurrido el interventor Robert Rivas y la Superintendencia de Salud al no asegurar las garantías.

Antes del embargo de las propiedades, el Sanatorio Alemán al igual que la clínica Indisa habían presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción recursos de protección en contra del interventor de la isapre, al que se responsabiliza por lo que se denuncia como irregularidades en el desempeño de su cargo.

Todo indica que con el embargo de los inmuebles y la responsabilidad que cabría a la Superintendencia de Salud, se sumen acciones legales de parte de los acreedores, pero ahora en contra del Estado por supuestamente no haber resguardado las garantías para responder a los acreedores.

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