Los problemas financieros que afronta el hospital, que se ven reflejados en el incumplimiento del salario de empleados y en la prestación del servicio, llevó a la Superintendencia a intervenirlo el pasado lunes.
La Superintendencia de Salud suspendió la aplicación del beneficio con el que, en su mayoría, los padres o madres de recién nacidos y mujeres en edad fértil podrían pagar hasta un 71% menos cada mes, consignó el medio local, La Tercera.
La Superintendencia de Salud anunció que revisarían el fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra la Tabla de Factores de Riesgo incluida en la Ley de Isapres, emitido el año 2010, para generar un nuevo instructivo hacia las aseguradoras.
El argumento de la aseguradora para negar la adquisición del medicamento Vargatef es que el tratamiento de la enfermedad no estaba contemplado en el contrato de salud suscrito por el afiliado.
La cadena era la mayor acreedora de la exisapre, debido al contrato de prestación de servicios que ambas partes mantenían, específicamente con respecto a la entrega de medicamentos a los afiliados.
Así lo anunció el superintendente Luis Fernando Cruz, quien aseguró que antes de tomar medidas contra la EPS tiene que recibir y verificar los informes de la Contraloría y la Procuraduría.
A casi 10 años de su implementación, la Superintendencia de Salud presentó los resultados del estudio sobre el impacto de la Acreditación de Garantía en Calidad del AUGE, en las prestaciones de salud pública y privada.
Este lunes se cumplieron los ocho meses de plazo que estableció la Superintendencia de Salud a la administración provisional llevada a cabo por el interventor, Robert Rivas, con el objetivo de que la exisapre Masvida lograra saldar sus compromisos con al menos 500 mil afiliados; todo a raíz de la crisis financiera en que se encuentra desde hace meses.
Esto, luego de que el presidente de Empresas Masvida (EMV), David Medina, afirmara que el recinto ubicado en Providencia necesita al menos 700 millones de pesos (cerca de US$ 1 millón) para continuar su funcionamiento o deberá cerrar sus operaciones a fines de septiembre sin poder pagar los sueldos de más de 630 trabajadores y 200 médicos.
Fue presentada la querella de una de las sociedades accionistas de empresas Masvida, pidiendo al Ministerio Público investigar los delitos de fraude y prevaricación a partir de la venta de la Isapre al holding Nexus.
Los cargos están basados en acusaciones por incumplimiento de la norma que prohíbe que exista dualidad de funciones entre los ejecutivos de las isapres y las respectivas prestadoras de salud, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés, como también el uso de información privilegiada.
Son miles de millones de pesos los que la aseguradora adeuda no sólo a afiliados, sino también a bancos y clínicas privadas, compromisos que se esperaba que fueran saldados con inmuebles de propiedad de la compañía avaluados en cerca de US$ 12,1 millones.
