Dos años y 40 planes de mejoramiento después, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá no aguantó más demoras y, la noche del pasado 28 de mayo, ordenó suspender de forma temporal los servicios de la clínica Jorge Piñeros Corpas de Medimás, sobre autopista Norte con carrera 104. 

El motivo que apareció inicialmente, fue “un ascensor dañado”. Pero la Secretaría aclaró que la crisis de esa clínica lleva dos años con “irregularidades relacionadas con infraestructura, talento humano, medicamentos y dispositivos médicos”.

Y es que el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, informó que tres de los cuatro ascensores de la clínica presentaban problemas y que en el único funcional se trasladaban pacientes junto a insumos e, inclusive, basuras. Es más: hay quienes, tras complejas cirugías, fueron trasladados a sus lugares de recuperación por las escaleras. “esto es algo absolutamente inaceptable, y por eso tomamos la decisión que tomamos”, dijo el funcionario.

Ante el cierre de este edificio, donde hay 128 pacientes hospitalizados, la EPS “dio un parte de tranquilidad” e informó que los pacientes podrán acercarse a los puntos de atención de Puente Aranda (Calle 12 N. 60-36), Restrepo (Calle 18 sur N. 24-14) y Calle 116 (Calle 116 N. 21-37).

Además, aseguró que los afiliados que habían sido remitidos a esta IPS serán redireccionados a una de las nueve clínicas habilitada de Medimás en la ciudad de Bogotá. Asimismo, recordó que “es importante que los afiliados tengan claro que las citas y cirugías serán reprogramadas, que se efectuará el cambio interno en las autorizaciones y se informará de manera oportuna la nueva agenda”.

No obstante, esta es no es la primera vez que por malos servicios, la EPS que antes era Cafesalud ve a una de sus clínicas cerrarse. 

Un comienzo con el pie izquierdo

Apenas el consorcio Prestasalud compró a la liquidada EPS Cafesalud en junio de 2017, empezaron las quejas de los usuarios contra la EPS Medimás y Esimed, una de las IPS que fue vendida junto con Cafesalud.

Tras el traslado de los pacientes, el 1 de agosto de 2017, empezaron a llegar las quejas y reclamos. Según la Superintendente de Salud, a un mes de ese cambio sólo estaba funcionando en un 75% la red.

Y luego, en septiembre, llegó la primera noticia sobre el cierre de una clínica de esa entidad: en Pamplona (Santander) los trabajadores y médicos de la clínica de la EPS decidieron suspender actividades, pues la EPS les debía, según ellos, $2.000 millones (US$ 688.288) y un mes de salarios. Además, no tenían insumos ni personal suficiente.

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Tan solo un mes después otras tres clínicas fueron cerradas en otras ciudades del país. A principios de octubre, la Secretaría de Salud de Antioquia ordenó el cierre de servicios de salud en las sedes de la 80 y Juan Luis Londoño de la Cuesta, en la ciudad de Medellín.

Según informó la Secretaría de Salud del departamento, desde hacía un año ambos centros tenían menos personal del que necesitaban, tenían una infraestructura física deteriorada, no contaban con ascensores ni aire acondicionado, y tanto sus unidades sanitarias como sus equipos médicos estaban en pésimas condiciones. 

Unos días después una nueva orden llegó, esta vez en Bogotá. A finales de octubre de 2017, se ordenó el cierre de la Clínica Santa Bibiana de Medimás, ubicada en la calle 127, fue cerrada por falta de recursos.  La IPS Esimed, encargada del manejo de ese centro, se defendió diciendo que el cierre se dio “debido a una solicitud del inmueble por parte de los propietarios”, pero no aclaró qué tipo de solicitud fue.

Ese cierre golpeó fuertemente a la red de atención en la capital, pues allí cada mes se atendían a 7.000 pacientes en urgencias y a más de 3.000 en hospitalización.

Y, paralelo a los cierres, las inconformidades contra la EPS seguían creciendo. Para finales de noviembre, es decir, con solo cuatro meses de atención, ya se apilaban 85.374 tutelas  y 943 peticiones, quejas y reclamos en su contra. 

La gota que rebasó el vaso

Fue entonces cuando estalló esa “olla a presión”: a comienzos de noviembre, la Superintendencia de Salud señaló que le abriría dos investigaciones a la EPS. La primera investigación tenía que ver con presuntas omisiones en la formalización de contratos de su red de prestadores y la segunda, con el incumplimiento por parte de Medimás en la prestación de servicios de salud a sus usuarios. 

Esas investigaciones culminaron con millonarias multas. La primera, de 1.500 salarios mínimos legales vigentes –unos $110 millones (US$ 37.855)–  que la EPS debe pagar por incumplirle a 3.220 pacientes; y, la segunda, de 2.300 salarios mínimos, por la comisión de infracciones administrativas, como la no conformación, garantía, organización y evaluación de la red de servicios de salud. Es decir: por no contratar a tiempo y de forma efectiva a sus clínicas y hospitales, a´si como evaluar el estado de atención en las mismas.

Al mismo tiempo, Carlos Alonso Negret Mosquera, defensor del pueblo, anunció que le solicitaría a la Corte Constitucional que intervenga con urgencia a la EPS Medimás.

Por su parte Medimás se ha defendido asegurando que  "la red prestadora de servicios a la fecha ha sido legalizada en un 90%, cuenta con más de 1.330 contratos legalizados y como prueba de ello, ha entregado las respectivas copias a los entes de vigilancia, regulación y control”.No obstante, el reciente cierre de la clínica Jorge Piñeros Corpas pone en entredicho una vez más la capacidad de la EPS de atender a sus pacientes.

El Espectador intentó contactar a Medimás y su red de clínicas y hospitales, Esmied, para saber cuantas de sus IPS han sido cerradas y cuál ha sido su respuesta, pero este diario no obtuvo respuesta.