No había pasado ni un mes de su creación para que Medimás, la EPS que nació tras la venta de Cafesalud, recibiera quejas por una mala prestación del servicio de salud. Para noviembre, con solo cuatro meses de creada, ya eran las 943 peticiones, quejas y reclamos que sus usuarios entregaron a la Defensoría, y en cuestión de meses, la EPS ya acumulaba 85.374 tutelas interpuestas por sus pacientes. (Puede interesarle: Medimás aún no convence)

Por esa razón, a principios de noviembre la Superintendencia de Salud señaló que le abriría dos investigaciones a la EPS. La primera investigación tenía que ver con presuntas omisiones en la formalización de contratos de su red de prestadores y la segunda, con el incumplimiento por parte de Medimás en la prestación de servicios de salud a sus usuarios. 

Precisamente esta segunda pesquisa ya dio sus primeros frutos: la Superintendencia anunció mediante un comunicado que le impondría una multa de 1500 salarios mínimos legales vigentes –unos $110 millones (US$ 36.500)– a la EPS por estos incumplimientos.

“En efecto, una vez se finalizó la investigación administrativa sancionatoria, se estableció que la EPS incurrió en fallas graves por no garantizar una correcta prestación de los servicios de salud en más de 3 mil casos que se encuentran debidamente documentados”, indicó el Superintendente Nacional de Salud (e), Luis Fernando Cruz Araújo.

Y es que ya en octubre, la Supersalud le había advertido a la entidad que debía atender de manera inmediata y prioritaria 3.238 casos de pacientes protegidos por una medida cautelar, pues se trata de pacientes diagnosticados con cáncer (569), adultos mayores (895), en condición de vulnerabilidad (578), con fallo de tutela a su favor (193), con enfermedades huérfanas (219), con enfermedad renal crónica (67) y con VIH/Sida (38).

A pesar de la orden, y de la urgencia de los casos, según la investigación de la Supersalud la EPS se demoró entregándoles los medicamentos necesarios para su condición,  y autorizando con retraso exámenes y citas médicas. 

“Toda EPS tiene la obligación de garantizar a sus afiliados, el acceso efectivo a todos los servicios de salud contenidos en el plan de beneficios y brindar continuidad en la prestación de los mismos a cada usuario, sin exigir ningún trámite adicional”, algo que, según Cruz Araújo, no cumplió Medimás.

Además de las investigaciones que la Supersalud tiene abiertas contra la EPS, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, anunció en octubre pasado que el organismo de control y la Superintendencia de Salud comenzarán “una fase de visitas conjuntas a sedes de Medimás en diferentes regiones del país para verificar en terreno la atención que reciben los usuarios y denunciar las falencias que persistan”.