La realidad de la salud estadounidense

Jueves, 12/01/2017

Por Daniel Aceves Villagrán, Director general del programa Prospera de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Excelsior. En Estados Unidos, de acuerdo con el informe sobre alcohol, drogas y salud Facing Addiction in America, del doctor Vivek Murthy, cirujano general, más de 27 millones de estadounidenses son adictos a drogas ilegales y 66 millones son alcohólicos; estimando un impacto económico anual combinado que asciende a US$ 442 mil millones; por comparación, el costo de la diabetes es de más de US$ 240 mil millones en el vecino país y de este padecimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 86 millones de adultos estadounidenses son prediabéticos y 29 millones padecen diabetes; asimismo, señala una prevalencia por sobrepeso de 69,6% y un 35% por obesidad en su población.

En este marco de millones de estadunidenses y miles de millones de dólares será preocupación y ocupación del nuevo gobierno, que entrará en funciones este 20 de enero en el que Donald Trump estará al frente de decisiones y políticas públicas y  todo indica que una de las primeras decisiones de Trump como presidente (adelantada por su próximo vicepresidente, Mike Pence), será “reemplazar” antes del 27 de enero la última gran apuesta para reformar el sistema de salud de EU, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), del presidente estadunidense Barack Obama que abrió las puertas de la cobertura médica a más de 20 millones de estadunidenses que antes carecían de cobertura médica y ahora pueden adquirirlo a través de subsidios públicos, conocida de forma coloquial como Obamacare.

A grandes rasgos, dicha ley implica a la mayoría de los adultos sin cobertura de un plan de salud (sea proporcionado por sus empleadores o facilitado por el gobierno), a que adquieran un seguro, a través de esquemas de asistencia financiera a las personas que estén por debajo del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) que equivale a 46 mil dólares anuales por persona y US$ 93 mil 500 para las familias compuestas por cuatro integrantes, siendo la punta de lanza para  tratar de cubrir la gran brecha que enfrentaban millones de ciudadanos sin acceso a una opción asequible para afrontar la atención de su salud.

Hay que recordar que tradicionalmente Estados Unidos se ha movido en una línea donde gran parte de estos servicios son prestados por el sector privado (entre otras razones por la asfixia que genera ser el país que más gastó en salud en 2014, con 17,1% de su PIB, correspondiendo a US$ 9 mil 403 por persona de acuerdo a la OMS), colocando a las aseguradoras en un lugar privilegiado, con poder de negociación en el financiamiento de la asistencia sanitaria y que a partir de la implementación de Obamacare se estableció que los niños pueden permanecer en el plan de salud de sus padres hasta los 26 años, además se eliminó la discriminación que ocurría al negar el aseguramiento a las personas por una padecimiento preexistente o cancelar arbitrariamente la cobertura por enfermedad, así como con las barreras de género, prohibiendo que las empresas cobren más a las mujeres que a los hombres. Poniendo en perspectiva estos indicadores, encontramos que si Trump da marcha atrás en este tema, cerca de 22 de los casi 324 millones de estadunidenses quedarían disminuideas sus alternativas de salud.

En este contexto, en el horizonte que tenemos ante nosotros, debemos recordar que una de las acciones para ampliar la capacidad de las poblaciones con carencias y en situación de vulnerabilidad es la inversión en el gasto público para el reforzamiento de los servicios básicos, con el objetivo de corregir las desigualdades en términos de acceso a oportunidades del mercado, generando equilibrio entre la asistencia social y la formación de capital humano por medio de la colaboración y suma de esfuerzos entre los diversos actores políticos, empresariales y sociales, generando inclusión, al ser un mecanismo para enfrentar uno de los grandes riesgos que tiene la población, la protección financiera ante cualquier eventualidad de una de los aspectos más importantes para el ser humano, la salud.

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