El ministro de Salud, Emilio Santelices, había anunciado a comienzos del año que ingresaría este proyecto de ley, que “no irroga mayor costo fiscal”, según consigna el medio local, El Mercurio.
El niño que hoy tiene seis años, quedó con secuelas neurológicas irreversibles al asfixiarse con el cordón umbilical al nacer en el Hospital San Camilo de San Felipe.
Dicha situación se traduce como el primer efecto de la resolución del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, cuando el organismo dejó sin efecto la prohibición de la norma que establecía que los recintos de salud privados, que tuvieran convenio con el Estado, no podrían declararse objetores si contemplaban prestaciones de obstetricia y ginecología en pabellón.
El último boletín epidemiológico trimestral del Ministerio de Salud reveló que la sífilis se incrementó en un 12% entre enero y septiembre de 2018, mientras que la gonorrea subió un 6%, consigna el medio local, La Tercera.
La iniciativa busca promover la donación de órganos y respetar la voluntad del donante en vida, que antes podía ser rebatida por la familia a la hora de decidir.
La iniciativa tiene como objetivo detener las agresiones físicas que sufre el personal de salud en los diferentes establecimientos de atención. De acuerdo a cifras de la Confusam, sólo en 2018, ya han sido denunciados a la justicia 165 casos.
Ello se reveló en 2017, cuando la Contraloría General de la República constató irregularidades en la contratación de médicos en el Hospital San José de Independencia, en la región Metropolitana.
El gerente general de Siemens Healthineers en Chile, comenta en qué se está enfocando hoy la compañía, tras la exitosa incursión de la multinacional en la bolsa de Frankfurt el año pasado.
La Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud (SCMS) explicó en un comunicado que la decisión contra Astaldi se adoptó con la aprobación unánime del sindicato de bancos acreedores que participa en el proyecto.
Dicha ley, que despenalizó el aborto en los casos de inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo originado en una violación, entró en vigor en septiembre del 2017, durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
